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Corte señaló a funcionarios y contratistas en proceso de licitación de la malla vial en Bogotá.
Desde una oficina paralela al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que funcionó en un hotel ubicado a pocas cuadras de la entidad,funcionarios del Distrito y contratistas manipularon el proceso de licitación para las obras de recuperación de la malla vial de Bogotá y, de esa forma, adjudicaron dos contratos al grupo Nule.
Así describe la Corte Suprema de Justicia, en el expediente contra el senador Iván Moreno, el sitio en el que se planeó la entrega de los contratos 070 y 071 del 2008 a cambio de una comisión del seis por ciento. El congresista es investigado por cohecho, concusión y contrato sin requisitos legales.
"Se ha descubierto el funcionamiento de una oficina paralela al IDU en la cual se hicieron los ajustes requeridos para amañar estas licitaciones", señala la Corte en la providencia que resuelve la situación jurídica del senador Moreno -quien está preso en La Picota- y que fue conocida por EL TIEMPO.
En el documento la Corte cita los testimonios de Guido, Manuel y Miguel Nule, a los que les da plena credibilidad. Ellos aseguraron que decidieron participar en la licitación, bajo esas condiciones, después de escuchar el ofrecimiento que el mismo senador Moreno les hizo en varias reuniones en Colombia y el exterior.
Sin embargo, las ofertas que presentaron al IDU tenían pocas posibilidades de ser aprobadas por lo que varios funcionarios y contratistas que hicieron parte de esa oficina paralela elaboraron un pliego de condiciones amañado, rechazaron los demás proponentes y sólo permitieron que compitieran con empresas legalmente impedidas para ser seleccionadas.
El proceso fue diseñado por el empresario Julio Gómez, según testimonios de los Nule. La oficina, dijo Manuel Nule a la Corte, operaba como un comité evaluador en la sombra y daba instrucciones a los funcionarios del IDU sobre qué ofertas rechazar.
Mauricio Galofre, miembro del grupo empresarial y quien participó en esas sesiones, reconoció ante la Corte que los Nule eran los últimos en el orden de elegibilidad entre un grupo de 13 ofertas, por lo que los funcionarios del IDU siguiendo instrucciones de la oficina paralela rechazaron entre cuatro y cinco ofertas en cada obra sacada a licitación para poder favorecer la suya.
El alto tribunal menciona a tres contratistas como los cerebros de esta manipulación: "Así, quienes teóricamente dirigían la oficina paralela al IDU eran Julio Gómez, Emilio Tapia y Manuel Pastrana Sangre, con el conocimiento de los funcionarios del IDU, posiblemente involucrados en los hechos", agregan en la decisión.
Entre los funcionarios que supuestamente participaron en forma activa, dicen testigos como el empresario Alejandro Botero, está Armando Mojica (subdirector de infraestructura), a quien señalan como un hombre clave para ayudarles a manejar las adiciones.
Por otro lado, la distribución de los contratos y el diseño de los procesos licitatorios se hicieron "con el conocimiento de Liliana Pardo (ex directora del IDU) e Inocencio Meléndez (subdirector jurídico)", indica en su decisión el alto tribunal.
Los tres miembros del grupo Nule decidieron aceptar estas condiciones y pagar las comisiones después de analizar que los contratistas Tapias y Gómez tenían el control del proceso licitatorio. Además, podían aprovechar la experiencia que algunas de las empresas -como Costco e Inca- presentaban en materia de vías urbanas.
La responsabilidad de Samuel Moreno según la Corte
El acuerdo, aseguraron los testigos, lo hicieron con el abogado Álvaro Dávila, quien representaba a Iván y a Samuel Moreno Rojas, agrega la Corte en la decisión, y que se habría concretado en el segundo semestre del 2008, "prometiendo el pago de sendas comisiones equivalentes del 8 por ciento por cada uno de los contratos 071 y 072 relativos al mantenimiento de la malla vial".
Las comisiones, según Galofre, se pactaron en varias reuniones en la oficina del abogado Dávila y se elaboraron unos contratos por el concepto de las comisiones y que fueron firmados por los representantes de las empresas que iban a participar en la licitación.
La Corte, después de evaluar el caso, concluyó que las pruebas recopiladas en el expediente "demuestran la participación del senador y de su hermano (el alcalde Samuel Moreno) en el pacto de cancelación de comisiones si el grupo Nule resultaba adjudicatario de los contratos de malla vial".
A su vez, señalan los testigos, los contratistas Dávila, Gómez y Tapia negociaron directamente con los Moreno Rojas.
Por eso la Corte, compulsa copias a la Fiscalía para investigar la actuación del abogado Dávila por los delitos de cohecho y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Y sobre la posible participación del alcalde Moreno dice: "El hecho de que la Ley descarte la participación del Alcalde Mayor de Bogotá en los procesos contractuales del IDU no significa que no puede hacerlo transgrediendo esa normatividad, como en el presente proceso se asegura que ocurrió y que las autoridades judiciales determinarán".
REDACCIÓN JUSTICIA
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