El ex alcalde de Bogotá Jaime Castro viene librando una dura batalla contra la gestión del actual alcalde, Enrique Peñalosa. ¿Por qué?
Lunes 17 Mayo 1999

Un funcionario de la administración distrital decidió hacer la cuenta. En total, solamente en relación con el tema de la descapitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, entidades como Emgesa, Codensa, la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría, la Superintendencia de Sociedades y la Alcaldía Mayor han recibido en los últimos meses más de 70 derechos de petición de puño y letra de Jaime Castro. El ex alcalde también instauró una acción de tutela que llegó hasta la Corte Constitucional, y adicionalmente logró que la Procuraduría solicitara que entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas _Creg_, la Unidad Político Minero Energética del Ministerio de Minas _Upme_ y hasta la Superintendencia de Servicios Públicos emitieran un concepto sobre la posible descapitalización antes de que se puedan desembolsar los 500 millones de dólares que espera obtener Peñalosa para financiar su obra de gobierno. La demora que representó el cumplimiento de todos estos trámites ha mantenido paralizados los proyectos de la Alcaldía por más de 10 meses. Finalmente, cuando el Ministerio de Trabajo se pronunció la semana pasada para darle un sí parcial a la operación, Castro recurrió a un último recurso: escribirle una carta al presidente Andrés Pastrana, solicitándole reversar la decisión por considerar que en ella hay "conflicto de intereses e irregularidades". Castro justifica todo esto afirmando que "se ha venido dando a la gente una versión amable, diciendo que al Distrito le van a entrar 500 millones de dólares que reactivarán la economía. Pero la cara oculta de todo esto es que al consorcio chileno-español le dan 500 millones de dólares de forma gratuita". Castro asegura que el dinero debe invertirse en la Empresa de Energía, en un aumento del cubrimiento y varios proyectos de expansión. La Alcaldía responde que la Empresa de Energía está bien financiada, tanto en materia de pasivos como en sus planes de crecimiento, y que son mejores 500 millones de dólares en obras prioritarias para la ciudad y no 1.000 millones donde no se necesitan. Hasta ahí todo parece ser una simple discusión política, como muchas otras. Pero la descapitalización de la Empresa de Energía no es la única pelea que ha dado Castro. También ha liderado un esfuerzo para obstaculizar el cobro del predial por parte de la Alcaldía. Castro asegura que el predial no puede seguir aumentando mientras la propiedad raíz en la ciudad se ha venido desvalorizando. El Distrito responde que, si bien eso es cierto, la mayoría de los bienes en la ciudad todavía están avaluados por debajo de su valor comercial y que una modificación no puede hacerla el alcalde por decreto reglamentario. Entonces Castro decidió redactar un proyecto de ley que deja en plena libertad a los contribuyentes para avaluar sus predios por el valor que consideren conveniente. "Hice un proyecto, que fue anunciado en El Tiempo y se lo envié a 18 representantes de Bogotá. Fue presentado por Germán Navas y Fernando Canossa y aprobado en Comisión Primera. El proyecto no es subrepticio", dijo Castro a SEMANA. Sin embargo el trámite del mismo parece haberse empantanado después de que el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, escribiera una carta al Congreso asegurando que dicho proyecto es inconstitucional. Algunos incluso señalan a Castro de trabajar en llave con Mario Suárez, quien a través de la Fundación Ciudadanos con Bogotá se ha dedicado a repartir solicitudes entre los ciudadanos para empantanar a la Secretaría de Hacienda con reclamos para reducir el cobro del predial. Suárez ha puesto varios avisos en El Tiempo y logró que los reclamos pasaran de 5.000 el año pasado a 55.000 este año. Sin embargo Castro se defiende: "Suárez es amigo mío, somos compañeros de universidad, pero yo no me he metido en eso ni le he metido plata. Suárez es un hombre serio, no es un Moreno de Caro. Además no es un delito que sea amigo mío".Además de todo lo anterior hay un tercer frente en el cual, según funcionarios de la alcaldía de Peñalosa, el ex alcalde Castro tendría alguna influencia. Se trata de la férrea oposición que ha hecho Diego Bravo, director de la CAR, a los proyectos de la Alcaldía. La CAR se ha negado a concederle la licencia ambiental a todo el plan de ordenamiento territorial del Distrito, a una parte de la Avenida Longitudinal de Occidente _por lo cual no puede ser entregada en concesión_ y a la Hidroeléctrica de Mesitas. Bravo fue nombrado como director de la CAR durante la alcaldía de Castro y su elección depende del voto de varios alcaldes de Cundinamarca cercanos al senador Héctor Elí Rojas. Rojas es gran amigo de Castro y compañero de luchas políticas del ex alcalde en Boyacá. Al respecto, Castro asegura que "es totalmente irrespetuoso que me vinculen con Bravo. Es amigo personal mío, pero me veo con él excepcionalmente. Héctor Elí Rojas también es muy amigo mío, pero yo ya no hago política. Además la vinculación de Rojas en la política de Cundinamarca es muy reciente, no desde cuando yo era alcalde".
¿Que hay detrás?

Especialmente en lo relacionado con la descentralización en la contratación para los ediles, el predial y el contrato por 2.000 millones de dólares para la limpieza del río Bogotá con un consorcio francés. Al respecto Castro asegura: "Mi obra como alcalde se defiende sola y no tengo necesidad de hacer eso". Por último, se dice que lo que hay entre Peñalosa y Castro es una pelea personal de vieja data, que comenzó desde cuando ambos eran precandidatos liberales a la Alcaldía de Bogotá. Castro también desmiente esa versión: "En Colombia siempre buscan el interés, la motivación detrás de los actos. Mi única motivación es que soy hombre público y que siento que tengo obligaciones con la ciudad.
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