Lluvia de críticas, protestas y cuestionamientos en torno a la legalidad y la conveniencia de la instalación de los bolardos.
Mientras la Personería dio a conocer un informe en el que señaló que el Distrito no tenía permiso para instalarlos e incurrió en sobrecostos en su adquisición.
Además, una parte de los afectados por la instalación de los bolardos cocina una solicitud para la revocatoria del mandato del alcalde mayor, Enrique Peñalosa.
Según el informe de la Personería, ninguno de los 16.600 bolardos que está instalando la Administración Distrital en las calles de Bogotá ha sido autorizado por Planeación Distrital.
La investigación de la Personería indica que aunque el acuerdo 6 de 1990 y su reglamentación señala que cualquier intervención del espacio público debe ser autorizada por Planeación, no se solicitó el permiso para instalar los bolardos.
En cuanto a los posibles sobrecostos, el informe señala que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adquirió un total de 1.560 bolardos entre abril y diciembre de 1998 a precios que oscilaron entre 29.640 y 41.000 pesos cada uno.
Y en el mismo lapso, la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT) compró 15.040 bolardos a 46.542 pesos, cada uno.
Con respecto a las diferencias de precios, Carlos Alberto Torres director (e) del IDU, dijo que obedecen a que fueron contratos para efectos diferentes, dentro de una política general de recuperación de andenes.
En cuanto a los permisos, según Torres, el IDU hizo un análisis según el cual no se necesitaba pedir la autorización al taller del espacio público para la instalación de los bolardos.
Denuncias en el Concejo Barras desalojadas, gritos, protestas y arengas de comerciantes fueron algunos de los aspectos que más sobresalieron en el debate que se realizó ayer en el Concejo sobre la colocación de bolardos en los andenes.
Los comerciantes, que salieron del recinto hora y media antes de que se suspendiera el debate, se unieron a unas 30 personas que protestaban en las afueras de la Corporación por las políticas de Peñalosa en cuanto al espacio público, vendedores ambulantes y reorganización del transporte público.
En lo que tuvo que ver con la discusión del tema, concejales como Hipólito Moreno (Ind), Fernando López (Con) y Bruno Díaz (Lib), entre otros, pidieron que se dejaran de instalar bolardos y exigieron el inmediato desmonte de los que están en las avenidas 7, 127 y Boyacá.
Para Moreno la medida es ilegal, invade la competencia del Concejo y viola el Acuerdo 6 de 1990 que reglamenta las políticas de urbanismo. El concejal también indicó que no hubo planeación y que se desviaron recursos para actividades no contempladas en el proyecto denominado Desarrollo del Transporte Público , de donde salió el dinero para financiar la compra de los bolardos.
La concejala Patricia Cárdenas (Ind) expresó que estaba de acuerdo con la recuperación de andenes, pero afirmó que la Administración debería crear una superintendencia del espacio público, como el mimo Peñalosa lo había propuesto en su programa de gobierno.
Además, dijo que veía con preocupación que mediante la expedición del decreto 758 del 4 de septiembre de 1998, el Alcalde pretendió suprimir toda el reglamento que existía frente a los permisos de construcción de bahías de parqueo sin ser un tema que le competa directamente.
El secretario de Gobierno, Héctor Riveros, que asumió la defensa de las políticas de la Administración, afirmó que el Código Nacional de Tránsito establece que está prohibido el parqueo en el andén y esa es una norma que tiene fuerza de Ley , lo que prevalece sobre cualquier acuerdo.
Contraloría pedirá retiro de bolardos La Contraloría Distrital presentará hoy ante la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT) una solicitud de acción de cumplimiento para el retiro de los bolardos.
Según el organismo de control, su instalación contradice la intención de la Administración Peñalosa de defender el espacio público, porque justamente impide el libre tránsito de los habitantes y los expone a altos niveles de accidentalidad.
Señala el informe que los bolardos instalados en los andenes se dispusieron sin planeación, de forma irregular y desordenada, contraviniendo la normatividad del espacio público.
La medida, según la Contraloría, no fue debidamente verificada ni ejecutada por las entidades competentes.
Buscan revocar el mandato Un grupo de comerciantes que se ha visto afectado por la instalación de bolardos al frente de sus negocios está liderando un movimiento con el objeto de solicitar la revocatoria del mandato del alcalde mayor, Enrique Peñalosa.
Según Antonio Comi, integrante del movimiento, los negocios de la avenida Boyacá, la calle 53 y gran parte del norte de la ciudad han perdido la mayoría de su clientela debido a las instalación de los bolardos y ya no aguantan más esta situación .
Por la calle 90, entre la carrera 15 y la autopista Norte, los negocios resultaron tan perjudicados que muchos tuvieron que cerrar sus puertas , dijo Comi.
Por su parte, Juan Pablo Noguera, dijo que aunque hay mucho miedo por los procedimientos que pueda adoptar el Alcalde ante las protestas, si uno se va a quebrar es mejor dar la pelea.
Este grupo se ha unido a Apetrans (Asociación Colombiana de Pequeños Transportadores), Fecolci (Federación Colombiana de Comerciantes Informales), Corporación Viva la Ciudadanía, Red Nacional de Veedores Ciudadanos y comerciantes de la avenida 15, la calle 109, la calle 85 y de Galerías.
Para la revocatoria del mandato hay que radicar la solicitud ante la Registraduría y posteriormente recaudar cerca de 20 mil firmas de respaldo.
Según los comerciantes, no han radicado la solicitud pero lo van a hacer en los próximos días.
Preparo: Luis Eduardo Munévar Tinoco
Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-882514
Mientras la Personería dio a conocer un informe en el que señaló que el Distrito no tenía permiso para instalarlos e incurrió en sobrecostos en su adquisición.
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| Enrique Peñalosa, Sobre costos en la adquisición de los Bolardos |
Según el informe de la Personería, ninguno de los 16.600 bolardos que está instalando la Administración Distrital en las calles de Bogotá ha sido autorizado por Planeación Distrital.
La investigación de la Personería indica que aunque el acuerdo 6 de 1990 y su reglamentación señala que cualquier intervención del espacio público debe ser autorizada por Planeación, no se solicitó el permiso para instalar los bolardos.
En cuanto a los posibles sobrecostos, el informe señala que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adquirió un total de 1.560 bolardos entre abril y diciembre de 1998 a precios que oscilaron entre 29.640 y 41.000 pesos cada uno.
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| Valor real de los bolardos (Bogotá) |
Con respecto a las diferencias de precios, Carlos Alberto Torres director (e) del IDU, dijo que obedecen a que fueron contratos para efectos diferentes, dentro de una política general de recuperación de andenes.
En cuanto a los permisos, según Torres, el IDU hizo un análisis según el cual no se necesitaba pedir la autorización al taller del espacio público para la instalación de los bolardos.
Denuncias en el Concejo Barras desalojadas, gritos, protestas y arengas de comerciantes fueron algunos de los aspectos que más sobresalieron en el debate que se realizó ayer en el Concejo sobre la colocación de bolardos en los andenes.
Los comerciantes, que salieron del recinto hora y media antes de que se suspendiera el debate, se unieron a unas 30 personas que protestaban en las afueras de la Corporación por las políticas de Peñalosa en cuanto al espacio público, vendedores ambulantes y reorganización del transporte público.
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| Enrique Peñalosa, el escándalo de los Bolardos |
Para Moreno la medida es ilegal, invade la competencia del Concejo y viola el Acuerdo 6 de 1990 que reglamenta las políticas de urbanismo. El concejal también indicó que no hubo planeación y que se desviaron recursos para actividades no contempladas en el proyecto denominado Desarrollo del Transporte Público , de donde salió el dinero para financiar la compra de los bolardos.
La concejala Patricia Cárdenas (Ind) expresó que estaba de acuerdo con la recuperación de andenes, pero afirmó que la Administración debería crear una superintendencia del espacio público, como el mimo Peñalosa lo había propuesto en su programa de gobierno.
Además, dijo que veía con preocupación que mediante la expedición del decreto 758 del 4 de septiembre de 1998, el Alcalde pretendió suprimir toda el reglamento que existía frente a los permisos de construcción de bahías de parqueo sin ser un tema que le competa directamente.
El secretario de Gobierno, Héctor Riveros, que asumió la defensa de las políticas de la Administración, afirmó que el Código Nacional de Tránsito establece que está prohibido el parqueo en el andén y esa es una norma que tiene fuerza de Ley , lo que prevalece sobre cualquier acuerdo.
Contraloría pedirá retiro de bolardos La Contraloría Distrital presentará hoy ante la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT) una solicitud de acción de cumplimiento para el retiro de los bolardos.
Según el organismo de control, su instalación contradice la intención de la Administración Peñalosa de defender el espacio público, porque justamente impide el libre tránsito de los habitantes y los expone a altos niveles de accidentalidad.
Señala el informe que los bolardos instalados en los andenes se dispusieron sin planeación, de forma irregular y desordenada, contraviniendo la normatividad del espacio público.
La medida, según la Contraloría, no fue debidamente verificada ni ejecutada por las entidades competentes.
Buscan revocar el mandato Un grupo de comerciantes que se ha visto afectado por la instalación de bolardos al frente de sus negocios está liderando un movimiento con el objeto de solicitar la revocatoria del mandato del alcalde mayor, Enrique Peñalosa.
Según Antonio Comi, integrante del movimiento, los negocios de la avenida Boyacá, la calle 53 y gran parte del norte de la ciudad han perdido la mayoría de su clientela debido a las instalación de los bolardos y ya no aguantan más esta situación .
Por la calle 90, entre la carrera 15 y la autopista Norte, los negocios resultaron tan perjudicados que muchos tuvieron que cerrar sus puertas , dijo Comi.
Por su parte, Juan Pablo Noguera, dijo que aunque hay mucho miedo por los procedimientos que pueda adoptar el Alcalde ante las protestas, si uno se va a quebrar es mejor dar la pelea.
Este grupo se ha unido a Apetrans (Asociación Colombiana de Pequeños Transportadores), Fecolci (Federación Colombiana de Comerciantes Informales), Corporación Viva la Ciudadanía, Red Nacional de Veedores Ciudadanos y comerciantes de la avenida 15, la calle 109, la calle 85 y de Galerías.
Para la revocatoria del mandato hay que radicar la solicitud ante la Registraduría y posteriormente recaudar cerca de 20 mil firmas de respaldo.
Según los comerciantes, no han radicado la solicitud pero lo van a hacer en los próximos días.
Preparo: Luis Eduardo Munévar Tinoco
Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-882514
